Afirman que la reforma divide a las instituciones y no cuenta con el respaldo de la sociedad
La doctora Gádor Joya, pediatra y portavoz de Derecho a Vivir, una de las entidades cívicas convocantes a la manifestación del 17-O en Madrid, ha señalado este jueves que, de confirmarse que el Consejo de Estado considera constitucional el aborto libre en un régimen de plazos, el dictamen “no altera lo fundamental de la reforma emprendida por el Gobierno, y es que se ha hecho sin consenso, divide a las instituciones de relevancia constitucional y no tiene el respaldo de la sociedad”.
La doctora Gádor Joya ha subrayado que prefiere ser “prudente” en los comentarios, hasta “conocer a fondo” el dictamen del órgano consultivo y no vinculante.
Joya ha recordado el resultado de otras consultas sobre el proyecto: el dictamen desfavorable del Consejo Fiscal y la división del Consejo del Poder Judicial, que, por primera vez, no ha podido emitir un informe sobre un proyecto de ley que le envía el Gobierno.
“Está claro que es una reforma sin consenso, que divide a las instituciones y que cuenta con el rechazo de una clara mayoría de la sociedad, según han detectado todos los sondeos. El anunciado respaldo del Consejo Fiscal no cambia el hecho de que es un proyecto no querido por la mayoría de los españoles ni pacífico para su tejido institucional”, observó Gádor Joya.
“¿Qué necesidad tiene el presidente de sacar adelante una reforma tan problemática? “La respuesta es: por ideología. Estamos ante un proyecto ideológico que no tiene nada que ver con la salud ni con la libertad de la mujer, sino con el papel del Gobierno en la vida y en la muerte de las personas”, afirmó.
De confirmarse que el Consejo de Estado respalda la constitucionalidad del aborto libre, Gádor Joya ha advertido que “va a tener que explicarlo muy bien en su dictamen, porque la conocida Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional señala que ‘la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional’”.
Menores de 16 años
En cuanto a la recomendación al Gobierno de que incluya en su proyecto la obligación de informar a los padres de las niñas de 16 años que vayan a abortar, la portavoz de Derecho a Vivir sostiene que, de confirmarse este punto del dictamen del Consejo de Estado, “el efecto sería muy perjudicial para las familias, ya que, en caso de que los padres informados no estén de acuerdo con que su hija aborte, siempre prevalecería la voluntad de la menor, que ahora contaría, además, con el respaldo coactivo del Gobierno frente a los padres. El mensaje a los jóvenes es letal: da igual lo que opinen tus padres, el Gobierno te protegerá de ellos”.
Jiménez mantendría el aborto libre a los 16 años
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado la pasada semana que ella "mantendría" el Anteproyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con aborto libre para las niñas de 16 años, después de que el Consejo de Estado instase al Ejecutivo a que garantice que los padres de estas menores estén informados cuando éstas se decidan a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Jiménez explicó, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que el informe del Consejo de Estado, que avala la constitucionalidad de la reforma de la ley de aborto promovida por el Gobierno, ha de ser estudiado por el Ejecutivo y que después será elevado a Consejo de Ministros, por lo que no se estudiará en la reunión de hoy.